Por / Moisés MOLINA
Una de las grandes paradojas de nuestro tiempo es que, mientras las sociedades se vuelven más complejas, los espacios de decisión pública parecen alejarse cada vez más del conocimiento especializado.
Las democracias más sólidas y las sociedades más prósperas del mundo tienen algo en común: ciudadanos informados, participativos y conscientes de sus derechos. Esa combinación no surge por accidente. Es producto de una cultura política construida durante años desde las instituciones, las universidades y el debate público.
La democracia no consiste únicamente en votar. Supone también la capacidad de comprender cómo funciona el poder, cuáles son sus límites y qué responsabilidades tienen quienes lo ejercen. Una ciudadanía desinformada difícilmente puede exigir cuentas; y un poder que no encuentra vigilancia social termina, inevitablemente, degradándose.
En ese proceso, existen tres disciplinas fundamentales para la construcción de una sociedad crítica y democrática: el derecho, la ciencia política y la sociología.
Quienes se forman en ellas no solo adquieren herramientas técnicas; desarrollan también la capacidad de interpretar el funcionamiento del Estado, entender los fenómenos sociales y explicar las dinámicas reales del poder.
El abogado no debería reducirse al papel de operador jurídico encerrado en tribunales y oficinas. Su responsabilidad histórica también consiste en comprender y corregir los mecanismos mediante los cuales el poder se organiza, se limita y se somete a la ley.
El politólogo, por su parte, estudia la lógica del poder en movimiento: cómo se construyen las decisiones públicas, cómo operan los gobiernos y cómo las sociedades reaccionan frente a ellos.
Y el sociólogo interpreta aquello que muchas veces el poder no quiere ver: las tensiones sociales, el desgaste institucional, el descontento colectivo y las fracturas que se incuban silenciosamente dentro de una sociedad.
Sin embargo, desde hace décadas estas disciplinas fueron desplazadas de los espacios donde verdaderamente se define el rumbo del país.
Primero ocurrió con la tecnocracia económica que monopolizó la toma de decisiones públicas a finales de los años ochenta. Después vino algo todavía más preocupante: la sustitución del conocimiento especializado por la improvisación política, el pragmatismo electoral y, en muchos casos, por perfiles sin preparación suficiente para comprender la complejidad del Estado.
Mientras el poder comenzó a llenarse de operadores, propagandistas y administradores de coyuntura, abogados, politólogos y sociólogos quedaron relegados a tareas secundarias o confinados a la academia, los medios y la crítica periférica.
El resultado está a la vista: instituciones debilitadas, decisiones públicas tomadas desde la ocurrencia y gobiernos que frecuentemente reaccionan más al cálculo político inmediato que a una comprensión profunda de la realidad social.
No se trata de convertir al gobierno en una asamblea de académicos ni de sostener que una sola profesión deba monopolizar el poder. Pero sí resulta indispensable recuperar la presencia de perfiles capaces de pensar el Estado con seriedad, conocimiento y responsabilidad institucional.
México necesita nuevamente voces preparadas en los espacios donde se diseñan leyes, políticas públicas y decisiones de gobierno. Necesita especialistas capaces de advertir riesgos, anticipar conflictos y comprender que gobernar no es administrar popularidad, sino conducir sociedades complejas.
También hace falta que las nuevas generaciones entiendan que las ciencias sociales no son disciplinas decorativas ni ejercicios teóricos alejados de la realidad. Son herramientas indispensables para defender libertades, fortalecer instituciones y evitar que la vida pública quede sometida únicamente a la improvisación.
Por eso, opinar, participar, generar debate público y asumir causas sociales desde la formación profesional no debería verse como un exceso de activismo, sino como una responsabilidad democrática.
Porque cuando el conocimiento abandona al poder, el poder termina gobernando a ciegas. Y las sociedades que normalizan la improvisación política inevitablemente terminan pagando sus consecuencias.
*Magistrado Presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
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