Por Gabriel Acevedo
Cada 15 de mayo, mientras miles de familias intentan llegar a sus trabajos, abrir sus negocios o simplemente circular por la ciudad, Oaxaca vuelve a quedar secuestrada por una vieja costumbre: las marchas de la Sección 22. Lo que debería ser una fecha para reconocer la labor de los buenos maestros, termina convertido en una jornada de pérdidas económicas, tráfico infernal y parálisis total para una ciudadanía que ya no encuentra quién la defienda.
La historia se repite año con año. Los docentes salen a las calles con demandas que, aunque en muchos casos pueden tener fundamento, se traducen en afectaciones directas para quienes no tienen nada que ver con el conflicto. Comerciantes del Centro Histórico ven caer sus ventas, transportistas pierden horas productivas, trabajadores llegan tarde o simplemente no pueden cumplir con sus jornadas, mientras el turismo —uno de los motores de Oaxaca— vuelve a recibir el mensaje de que aquí la ingobernabilidad es parte del paisaje.
Pero el problema no termina con los maestros. El verdadero responsable es un gobierno que ha hecho del desorden su forma de administración. Ni el estado ni la federación han sido capaces de construir soluciones duraderas. Prefieren negociar bajo presión, ceder ante bloqueos y administrar el conflicto antes que resolverlo. Esa política de complacencia ha convertido a Oaxaca en un territorio donde el chantaje político parece tener más fuerza que el derecho de los ciudadanos a trabajar y transitar libremente.
La Sección 22 sostiene que lucha por mejores condiciones laborales y por la defensa de la educación pública. Sin embargo, cada movilización deja una factura que pagan los mismos de siempre: pequeños comerciantes, empleados, taxistas, restauranteros y miles de familias que viven al día. La pregunta es inevitable: ¿quién responde por las pérdidas millonarias que genera cada protesta?
El gobierno federal presume diálogo y transformación; el estatal habla de gobernabilidad y estabilidad. Pero la realidad es otra. Oaxaca sigue atrapada entre la incapacidad oficial y la presión de grupos que conocen perfectamente el poder de paralizar la ciudad para obtener atención. Y mientras unos marchan y otros negocian, la ciudadanía queda en medio, soportando el costo económico y social de una crisis que parece no tener fin.
Este 15 de mayo, nuevamente la capital oaxaqueña amanecerá con cierres viales, congestionamientos y comercios afectados. No será una sorpresa. Será la confirmación de que en Oaxaca el derecho de unos sigue imponiéndose sobre el derecho de todos.
Porque aquí, cada marcha deja una lección amarga: cuando el gobierno renuncia a gobernar, la sociedad entera termina pagando la cuenta.
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