Gabriel Acevedo
A mitad de mayo de 2026, Oaxaca vuelve a vivir uno de sus episodios más previsibles y costosos: la movilización de la Sección 22, los bloqueos, la parálisis vial y la afectación directa a miles de ciudadanos que sólo intentan trabajar. Lo que debería ser una jornada de reconocimiento al magisterio se transformó nuevamente en una demostración de fuerza que exhibe, con toda crudeza, la fragilidad del gobierno estatal y la incapacidad de las autoridades para garantizar el orden.
La capital oaxaqueña quedó atrapada entre marchas, cierres y amenazas de plantón indefinido. Comerciantes del Centro Histórico reportan pérdidas, transportistas enfrentan rutas interrumpidas y el turismo observa con preocupación cómo Oaxaca, uno de los destinos culturales más importantes del país, continúa proyectando una imagen de ingobernabilidad. La protesta ya no sorprende; lo que indigna es que el gobierno siga reaccionando como si cada crisis fuera un fenómeno inesperado.
El gobernador Salomón Jara Cruz enfrenta un escenario que pone en duda su capacidad para gobernar. La administración estatal prometió orden, diálogo y transformación, pero la realidad muestra un estado sometido a la presión de grupos con suficiente poder para detener la actividad económica cuando lo consideran conveniente. La autoridad parece reducirse a comunicados y discursos, mientras las calles quedan bajo control de quienes han aprendido que la presión sigue siendo el método más efectivo para arrancar concesiones.
Nadie discute el derecho de los docentes a exigir mejores salarios, condiciones laborales dignas y atención a sus demandas. El problema surge cuando la protesta se convierte en una rutina que castiga a quienes nada tienen que ver con el conflicto. Miles de trabajadores pierden ingresos, pequeños negocios ven desplomarse sus ventas y ciudadanos comunes son obligados a asumir el costo de una disputa que el gobierno ha sido incapaz de resolver durante décadas.
Oaxaca también enfrenta otros signos de alarma: una economía debilitada, una severa crisis de agua en la capital y temperaturas extremas que agravan la presión social. En este contexto, cada jornada de bloqueos profundiza la sensación de que el estado avanza sin rumbo claro, atrapado entre viejos conflictos y nuevas emergencias que se acumulan sin respuestas efectivas.
La transformación prometida no puede medirse en discursos ni en campañas publicitarias. Se mide en la capacidad de garantizar gobernabilidad, proteger la economía local y evitar que los ciudadanos vivan permanentemente bajo la amenaza de la parálisis. Hoy, Oaxaca vuelve a confirmar que sigue siendo rehén de los mismos conflictos de siempre y de un gobierno que, hasta ahora, no ha demostrado tener la fuerza ni la estrategia para romper ese ciclo.
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