Por Gabriel Acevedo
En Petróleos Mexicanos ya no sorprenden las explosiones, los incendios ni los derrames. Lo verdaderamente alarmante es que cada accidente parece formar parte de la rutina de una empresa que opera entre la improvisación, el abandono y la negligencia. Once incidentes en apenas cinco meses de 2026 no son una casualidad; son la evidencia de una estructura corroída por años de malas decisiones, corrupción y falta de mantenimiento.
La refinería de Refinería Ingeniero Antonio Dovalí Jaime, orgullo industrial del Pacífico mexicano, se ha convertido en un símbolo de la decadencia de Pemex. Dos explosiones en menos de medio año revelan que la seguridad de los trabajadores y de miles de familias del Istmo vale menos que los discursos triunfalistas del gobierno. Mientras en las conferencias se presume soberanía energética, en la realidad los obreros arriesgan la vida entre instalaciones obsoletas y equipos que operan al límite.
Cada incendio deja el mismo libreto: comunicados oficiales minimizando los hechos, promesas de investigaciones internas y declaraciones de que “todo está bajo control”. Pero la historia se repite con una precisión escalofriante. Cambian las fechas, cambian las plantas, cambian las víctimas; lo único que permanece intacto es la incapacidad para prevenir tragedias.
El costo de esta ineficacia no se mide sólo en millones de pesos perdidos por paros operativos. Se mide en trabajadores lesionados, en familias destrozadas y en comunidades enteras que viven con el temor de que la siguiente explosión sea aún más devastadora. La negligencia institucional tiene rostro humano, aunque en las oficinas centrales se prefiera reducirla a estadísticas.
El gobierno federal insiste en presentar a Pemex como el emblema del rescate nacional, pero los hechos muestran una empresa sostenida con recursos públicos y administrada con resultados cada vez más preocupantes. Invertir miles de millones sin garantizar condiciones básicas de seguridad equivale a construir una narrativa política sobre cimientos inflamables.
Salina Cruz vuelve a pagar el precio de esa irresponsabilidad. Una ciudad estratégica para el desarrollo del Corredor Interoceánico, pero también una comunidad que convive con el riesgo permanente de nuevas emergencias industriales. Mientras no exista una verdadera política de mantenimiento, transparencia y rendición de cuentas, cada sirena de emergencia recordará la misma verdad: el mayor peligro no es el petróleo, sino la incompetencia de quienes dicen administrarlo.
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