Moisés Molina
Magistrado Presidente de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca
Mientras elaboro el marco teórico-conceptual de mi tesis doctoral en Derecho Electoral, el senador Ricardo Monreal ha puesto nuevamente sobre la mesa una propuesta que genera debate: hacer obligatorio el voto en México.
Desde un punto de vista estrictamente jurídico, el planteamiento no es del todo novedoso. La Constitución ya establece el carácter obligatorio del sufragio. Así lo señala la fracción III del artículo 36. 📜 El voto, en nuestro sistema, es una figura peculiar: al mismo tiempo prerrogativa ciudadana y obligación constitucional.
Lo que ahora se discute no es el deber de votar, sino la imposición de sanciones por su incumplimiento. Es decir, convertir esa obligación en una norma jurídica perfecta mediante consecuencias concretas para quien no acuda a las urnas sin causa justificada.
Las sanciones propuestas podrían ir desde multas económicas hasta la restricción de ciertos derechos o la imposibilidad de realizar trámites gubernamentales. Este esquema ya opera en diversos países del mundo. 🌎
En América Latina, naciones como Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Honduras, Panamá, Paraguay y, recientemente, Chile han adoptado el voto obligatorio. Fuera de la región, Bélgica, Luxemburgo, Grecia, Liechtenstein, Singapur y Tailandia también lo aplican, con resultados dispares.
La experiencia comparada demuestra que el impacto del voto obligatorio depende, en buena medida, del nivel de cultura política y de responsabilidad cívica de cada sociedad. Sin embargo, hay un efecto inmediato e innegable: la participación electoral aumenta de manera automática y el abstencionismo se reduce por simple aritmética. 📊
El problema es que una democracia de calidad no se construye únicamente con más votantes, sino con mejores decisiones. No basta llenar urnas; importa la calidad del juicio ciudadano al momento de marcar la boleta. 🧠
Es cierto que el voto obligatorio puede dificultar prácticas como la compra o la coacción del sufragio, bajo el supuesto de que ningún presupuesto —ni siquiera el asociado a programas sociales— alcance para influir sobre una participación cercana al 80 por ciento. Aun así, eso no agota las exigencias de una democracia auténtica.
El verdadero desafío está en las opciones que se presentan al electorado y en la capacidad crítica de los ciudadanos para emitir un voto informado y responsable. En la teoría democrática, esto se conoce como el “componente epistémico”, ampliamente desarrollado desde la corriente de la democracia deliberativa. 📚
Dicha corriente sostiene que la democracia no es solo votación, sino deliberación: información, conocimiento y debate público.
La pregunta, entonces, es inevitable: ¿por qué no ir más allá en México? ¿Por qué no pensar en mecanismos que incentiven —o incluso exijan— una decisión ciudadana informada y responsable? 🤔
Desde hace tiempo, los partidos políticos y los órganos electorales han quedado a deber en la tarea de generar auténtica cultura democrática. Tal vez ha llegado el momento de replantear responsabilidades y asumir que la ciudadanía también debe ser parte activa de esa construcción, incluso si ello implica “obligarla a ser feliz”.
Una parte significativa del casi 50 por ciento del electorado que no vota se abstiene porque considera que hacerlo no cambia nada o porque percibe lo público como algo ajeno a su vida cotidiana.
En ese contexto, una reforma que discuta el voto obligatorio podría ser una oportunidad para pensar fuera de la caja y sentar las bases de un nuevo horizonte democrático: uno con mayor participación, sí, pero sobre todo con una ciudadanía más consciente, informada y comprometida. ✨
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