Por Gabriel Acevedo
Oaxaca.— Mientras el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, presumía en su discurso oficial que las elecciones por Sistemas Normativos Indígenas se desarrollaban “en paz y sin incidentes”, en San Agustín de las Juntas se vivía una jornada completamente opuesta: una asamblea comunitaria convertida en campo de batalla.
El pasado 19 de octubre, los habitantes de este municipio fueron testigos del caos cuando grupos de choque ligados al partido Morena irrumpieron en la elección local, provocando un violento enfrentamiento que desmoronó el proceso de votación y sembró el terror entre la población.
Lo que debía ser una jornada democrática terminó entre gritos, golpes y miedo. Testigos relataron que los operadores del gobierno estatal actuaron con total impunidad, alentando la confrontación y desoyendo cualquier llamado a la calma. “La violencia se desató a diestra y siniestra, como si el pueblo no importara”, lamentó un ciudadano.
Mientras tanto, desde el despacho del secretario Jesús Romero, se hablaba de tranquilidad y orden. Una versión oficial que contrasta brutalmente con las imágenes, testimonios y videos que circulan en redes, donde se observa cómo la asamblea se derrumba ante la pasividad —o complicidad— de las autoridades.
La presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Carmelita Ricárdez Vela, condenó los hechos y no escatimó en calificativos:
“Esto es un retroceso a la democracia. Como pueblo debemos respetar las asambleas comunitarias que se rigen por usos y costumbres. Las acciones de los operadores del partido Morena son repugnantes; sin medir su rudeza, pueden provocar tragedias de mayor impacto. Fue una jornada de terror orquestada desde el propio gobierno estatal”.
Más allá de las siglas partidistas, lo más grave es el silencio del Ejecutivo. Hasta el momento, ningún funcionario ha dado la cara. No hubo conferencia de prensa, ni postura oficial, ni explicación alguna sobre por qué falló el operativo de seguridad, o quién dio la orden de permitir que la violencia se apoderara del proceso.
Ricárdez Vela lanzó un mensaje directo y contundente que debería retumbar en Palacio de Gobierno:
“No hay quien pueda comprar su dignidad y su voluntad si ustedes no lo permiten. Hagan valer la voluntad popular, no la que les quieran imponer desde el gobierno o desde los grupos de choque”.
Y tiene razón. Porque lo que está en juego no es solo una elección comunitaria, sino la credibilidad del gobierno de Oaxaca, que se jacta de respetar los usos y costumbres, mientras sus operadores pisotean la democracia y mancillan la voluntad del pueblo.
En San Agustín de las Juntas, la paz que presume Jesús Romero es una mentira. Lo que realmente ocurrió fue un ensayo de represión política, un recordatorio de que en Oaxaca, el poder aún se impone a golpes, y la voz del pueblo sigue siendo silenciada con violencia.
