El Estado ausente frente a la tragedia de los desaparecidos
Por Said Angulo
Mientras millones de familias celebraban el Día de las Madres, miles de mujeres en México salieron a las calles con el corazón destrozado y una exigencia que el Estado sigue sin poder responder: ¿dónde están sus hijos? No pidieron flores, serenatas ni reconocimientos. Exigieron lo más básico que cualquier nación debería garantizar: verdad, justicia y el derecho de una madre a saber qué ocurrió con sus seres queridos.
Las madres buscadoras se han convertido en el rostro más doloroso de la incapacidad gubernamental. Ante la lentitud, indiferencia y, en muchos casos, la abierta negligencia de autoridades federales y estatales, estas mujeres han tenido que asumir por cuenta propia una labor que corresponde al Estado. Con recursos limitados y enfrentando riesgos constantes, recorren cerros, barrancas, fosas clandestinas y oficinas oficiales en busca de respuestas que las instituciones no han sido capaces de ofrecer.
Su existencia es, por sí sola, una acusación directa contra el sistema. Cada madre que cava con sus propias manos evidencia el fracaso de fiscalías, policías y gobiernos que, durante años, han permitido que la crisis de desapariciones crezca hasta convertirse en una de las heridas más profundas del país. El hecho de que sean las familias y no las autoridades quienes encabecen la búsqueda es una señal inequívoca de que el aparato de justicia ha sido rebasado.
Los gobiernos, tanto federal como estatales, han multiplicado discursos, promesas y anuncios, pero los resultados siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del problema. La burocracia, la falta de coordinación y la impunidad han convertido el dolor de miles de familias en una espera interminable. Cada expediente sin resolver y cada resto sin identificar representan no solo una omisión institucional, sino una deuda moral con quienes siguen buscando.
El 10 de mayo dejó una imagen imposible de ignorar: madres que, en lugar de festejar, marchan con fotografías de sus hijos y con la esperanza de encontrar al menos un indicio que les permita terminar con años de incertidumbre. Su lucha desarma cualquier discurso oficial y confronta al poder con una verdad incómoda: en México, muchas familias están solas frente a la tragedia.
Las madres buscadoras han hecho lo que las autoridades no pudieron o no quisieron hacer. Han encontrado restos, han impulsado investigaciones y han mantenido viva la exigencia de justicia. Su valentía ha sostenido una causa que debería ser prioridad absoluta del Estado mexicano.
México no solo tiene una crisis de desapariciones; tiene una crisis de credibilidad institucional. Mientras las madres continúen haciendo el trabajo que corresponde a las autoridades, cualquier discurso gubernamental sobre justicia seguirá siendo insuficiente. La verdadera medida del Estado no está en sus declaraciones, sino en su capacidad para responder a la pregunta que miles de mujeres repiten todos los días: ¿dónde están nuestros hijos?
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