Por / Gabriel Acevedo
En el marco de la instalación de la llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación emanada del pueblo, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, no dudó en aplaudir lo que en realidad parece ser un golpe calculado de Morena para someter al Poder Judicial y convertirlo en un instrumento más del gobierno.
Con un discurso cargado de retórica, Jara celebró la llegada de Hugo Aguilar Ortiz, un ministro electo con raíces indígenas de Oaxaca, como nuevo presidente de la Corte. El mandatario aseguró que con esta designación “comienza una nueva era de justicia”, cuando en los hechos lo que comienza es la pérdida de autonomía judicial frente al control político.
El gobernador sostuvo que la Corte ya no será un órgano de élites, sino “del pueblo”. Sin embargo, lo que Morena llama “pueblo” es en realidad la estructura electoral y política del partido en el poder, que ahora extiende sus tentáculos para controlar sentencias, decisiones y nombramientos.
Jara exaltó que el nuevo ministro presidente sea un oaxaqueño de origen mixteco, presentándolo como símbolo de lucha y representación popular. Pero detrás de ese discurso se esconde un movimiento cuidadosamente diseñado para colocar perfiles alineados al oficialismo y garantizar que las resoluciones de la Corte respondan al proyecto político de Morena, no a la Constitución.
El gobernador incluso advirtió que los jueces y ministros “no tienen derecho a fallarle al pueblo”, frase que revela la esencia de esta jugada: la justicia deja de ser imparcial y se convierte en obediencia política.
Lo que se presenta como una “renovación histórica” no es más que un ensayo de control absoluto del poder judicial, disfrazado de democracia y legitimidad popular. Morena no está entregando justicia al pueblo, está asegurándose de que la justicia nunca contradiga sus intereses.
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