Gabriel Acevedo
En México, el crimen organizado y estafadores de todo tipo han encontrado a sus víctimas perfectas: los adultos mayores. Durante el primer semestre del 2025, más de 500 millones de pesos fueron arrebatados mediante fraudes telefónicos, mensajes y redes sociales. El dato no lo revela un medio de investigación, sino la propia Condusef, la institución que debería defender y proteger a los usuarios financieros.
El presidente del organismo, Óscar Rosado Jiménez, aceptó que al menos 10 mil personas mayores presentaron denuncias. El fraude más común es el de los llamados “créditos exprés”, donde los delincuentes prometen préstamos fáciles, sin buró de crédito y con pagos cómodos, a cambio de depósitos previos. Después de recibir el dinero, simplemente desaparecen.
La gravedad no está solo en el modus operandi, sino en la indolencia oficial. La Condusef no habla de operativos, no anuncia sanciones, no propone medidas de emergencia. Se limita a contabilizar los millones robados mientras los estafadores siguen libres.
Lo más alarmante: muchos fraudes provienen no solo de criminales, sino también de empleados bancarios corruptos e incluso del entorno familiar de las víctimas. Y aun con esta confesión pública, el gobierno permanece cruzado de brazos.
La pregunta es inevitable:
👉 ¿De qué sirve la Condusef si solo enumera pérdidas sin proteger a nadie?
👉 ¿Dónde está el Estado cuando a los abuelos de México les arrancan sus ahorros?
La respuesta es brutal: en México, los adultos mayores están solos frente a las estafas, mientras las instituciones prefieren mirar hacia otro lado.
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