El estatus quo que durante los últimos treinta años dominó a la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal está a punto de cambiar.
La reforma judicial aprobada el año pasado entrará el domingo en su fase crítica con el arranque del periodo de tres meses de campaña, en los cuales los ciudadanos podrán conocer y, llegado el momento, votar a los nuevos integrantes del máximo tribunal y a la mitad de los jueces y magistrados federales del país.
Con ello, se concretará la mayor sacudida a los operadores del sistema de justicia federal por lo menos desde la reforma de 1994. En el caso de la Corte, finaliza la selección directa de los ministros a cargo de las fuerzas políticas predominantes, mientras que en los tribunales y juzgados concluye la selección de jueces por concurso lo que, en algunos casos, derivó en nepotismo.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha señalado que confía en que esta reforma abra el paso hacia un sistema de justicia más efectivo y cercano a la gente. Su antecesor, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y voces del oficialismo reiteraron en varias ocasiones que el Poder Judicial se “había alejado del pueblo” y servía a élites políticas y económicas.
En cambio, múltiples especialistas, colegios especializados e instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas o la Escuela de Leyes de Stanford han advertido que los cambios implementados podrían debilitar la independencia judicial, y ponen en riesgo tanto el fortalecimiento democrático del Estado mexicano como la protección de los derechos humanos de víctimas y acusados.
Lo que es un hecho es que la elección extraordinaria de este año dará paso a una situación inédita en el país: la elección por voto popular de 881 personas que serán las nuevas encargadas de administrar e impartir justicia a nivel federal.
Redacción
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