Said Angulo
La administración de Salomón Jara Cruz enfrenta una de las crisis más indignantes de su mandato: miles de familias en la ciudad de Oaxaca de Juárez llevan más de 90 días sin recibir agua potable en sus hogares. Lo que debió ser una prioridad elemental de gobierno se ha convertido en una muestra contundente de improvisación, burocracia y falta de resultados.
En colonias como Vicente Suárez y Panorámica del Fortín, el llamado “gobierno de la transformación” ha sido incapaz de garantizar el servicio más básico para la población. Mientras las familias padecen para cocinar, bañarse o lavar ropa, el discurso oficial se limita a culpar a administraciones pasadas y a prometer soluciones que siguen sin materializarse.
La indignación ciudadana creció cuando habitantes denunciaron que, en medio del desabasto, se promovió la venta de tinacos con precios de entre mil 800 y 2 mil 800 pesos, solicitando además copia de la credencial de elector para poder acceder al beneficio. Para muchos oaxaqueños, esta práctica resultó ofensiva: primero se les deja sin agua y después se les obliga a desembolsar dinero y entregar documentos personales para intentar almacenar un recurso que el propio gobierno no es capaz de suministrar.
La respuesta de Salomón Jara Cruz ha sido la misma que ha caracterizado a su administración ante distintos problemas: justificar el fracaso con el argumento de la “herencia maldita”. Aunque el gobernador reconoce que la situación es grave, su estrategia principal ha consistido en trasladar la responsabilidad al pasado, mientras el presente sigue marcado por la escasez y el enojo social.
El gobierno anunció una inversión de 130 millones de pesos para rehabilitar cinco sectores del sistema hidráulico metropolitano. Sin embargo, las propias autoridades admitieron que las obras no concluirán sino hasta marzo del próximo año. Para miles de familias, esto significa continuar durante meses con tandeos irregulares, dependencia de pipas y una incertidumbre diaria sobre cuándo volverá a salir agua de las llaves.
A esto se suma otro signo de desorganización: la anunciada Secretaría del Agua permanece congelada. A pesar de haber sido presentada como una solución estructural, la iniciativa ni siquiera ha sido enviada al Congreso del Estado, por lo que no cuenta con presupuesto, facultades legales ni capacidad operativa. En términos prácticos, es una promesa vacía.
Mientras tanto, el gobierno presume la operación de 40 pipas y la entrega de miles de tinacos como si se tratara de una solución definitiva. Pero las pipas solo mitigan parcialmente la emergencia y no resuelven el problema de fondo. La población no exige discursos ni anuncios; exige que al abrir la llave haya agua.
La crisis hídrica ha dejado una conclusión contundente: el gobierno de Salomón Jara Cruz no ha podido garantizar uno de los derechos más esenciales de la población. Después de 90 días de escasez, los oaxaqueños no escuchan resultados, solo explicaciones. Y cuando un gobierno no puede asegurar agua para su gente, lo que está en juego no es únicamente la infraestructura, sino su propia capacidad para gobernar.
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