Gabriel Acevedo
Las afectaciones al comercio y a la movilidad en la capital oaxaqueña han alcanzado niveles que comienzan a generar una profunda preocupación entre empresarios, trabajadores y ciudadanos. Mientras las movilizaciones magisteriales continúan ocupando calles, avenidas y puntos estratégicos de la ciudad, miles de personas enfrentan diariamente pérdidas económicas, retrasos laborales y dificultades para realizar actividades tan básicas como trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas o servicios médicos.
Los más golpeados son los pequeños comerciantes. Restaurantes, mercados, tiendas y prestadores de servicios reportan una disminución constante en sus ventas debido a la reducción del flujo de clientes y las complicaciones para acceder al Centro Histórico y otras zonas comerciales. En una ciudad donde gran parte de la economía depende del turismo y del comercio local, cada día de bloqueo representa pérdidas que difícilmente podrán recuperarse. Mientras tanto, las autoridades observan cómo la actividad económica se deteriora sin presentar una estrategia efectiva para proteger a quienes viven de su trabajo diario.
La crisis también exhibe el fracaso de la clase política para encontrar soluciones. Por un lado, los grupos de protesta mantienen medidas que afectan directamente a terceros ajenos al conflicto; por otro, los gobiernos estatal y federal continúan sin alcanzar acuerdos que permitan recuperar la normalidad. El resultado es una ciudad atrapada entre la presión política y la inacción gubernamental. Oaxaca no solo enfrenta un problema de movilidad; enfrenta una crisis de gobernabilidad donde, una vez más, los ciudadanos terminan pagando el precio de decisiones que no tomaron y conflictos que no provocaron.
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