Redacción
Tal como fue convocado por la Sección 22 del SNTE-CNTE en un documento fechado el 31 de mayo de 2026, miles de maestros salieron a las calles la mañana de este lunes para participar en una marcha que comenzó alrededor de las 10:00 horas, provocando severas afectaciones a la movilidad en la capital del estado. La movilización partió de la zona de Brenamiel con destino al Zócalo de la ciudad, generando caos vial, retrasos, cierres de calles y una creciente molestia entre automovilistas, comerciantes y ciudadanos que intentaban realizar sus actividades cotidianas.
Durante el recorrido, los manifestantes lanzaron consignas contra los gobiernos estatal y federal, exigiendo el cumplimiento de su pliego petitorio y el avance de las negociaciones nacionales. Sin embargo, mientras los dirigentes sindicales defendían la protesta como un derecho legítimo, miles de oaxaqueños quedaron atrapados en el tráfico, perdieron citas médicas, llegaron tarde a sus trabajos y vieron afectadas sus actividades económicas. La indignación ciudadana volvió a hacerse evidente ante una práctica que se repite año con año sin que exista una estrategia efectiva para evitar que la población sea utilizada como rehén de las presiones políticas.
La realidad es que el libre tránsito es un derecho constitucional, y cuando una movilización deriva en bloqueos, cierres prolongados o impedimentos para circular, se generan responsabilidades administrativas e incluso posibles infracciones a diversas disposiciones legales. Mientras tanto, el gobierno estatal parece mantenerse en una cómoda posición de espectador, evitando asumir el costo político de un conflicto que se ha prolongado durante décadas. Ni la administración estatal ni las autoridades federales han logrado construir soluciones definitivas, permitiendo que Oaxaca continúe atrapada entre la presión sindical y la incapacidad gubernamental.
Una vez más, quienes terminan pagando la factura no son los funcionarios ni los líderes sindicales, sino los ciudadanos. Oaxaca amaneció secuestrada por el conflicto magisterial, mientras el gobierno se esconde detrás de discursos y mesas de diálogo que no ofrecen resultados concretos. La pregunta sigue siendo la misma: ¿hasta cuándo se permitirá que las calles de la capital sean utilizadas como instrumento de presión política a costa de los derechos de miles de personas?
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