Said Angulo
México vuelve a sentir el peso de una realidad que las autoridades parecen tratar únicamente como rutina estadística: los sismos no se detienen y la prevención tampoco avanza. Mientras Oaxaca permanece entre las entidades con mayor actividad sísmica del país, los gobiernos federal, estatal y municipales reaccionan como siempre: emitiendo comunicados, publicando recomendaciones en redes sociales y esperando que la próxima tragedia no los alcance políticamente.
La pregunta es inevitable: ¿qué ha hecho realmente el gobierno para preparar a la población? Porque cada vez que la tierra se mueve, resurgen las mismas carencias. Escuelas con daños estructurales que jamás fueron reparados correctamente, hospitales sin protocolos visibles, edificios públicos vulnerables y comunidades enteras que siguen viviendo entre grietas, abandono y promesas incumplidas desde los terremotos de años anteriores.
En Oaxaca, donde la actividad sísmica forma parte de la vida cotidiana, la prevención debería ser prioridad permanente y no simple discurso de protección civil. Sin embargo, la realidad muestra simulacros aislados, alertas insuficientes y una evidente falta de inversión en infraestructura resistente. El gobierno presume monitoreo, pero monitorear no salva vidas cuando no existe capacidad real de respuesta ni recursos para atender emergencias de gran escala.
La ciudadanía vive en alerta constante, mientras la clase política parece más preocupada por administrar la narrativa que por fortalecer la seguridad pública ante desastres naturales. Porque cuando ocurra un sismo mayor —y tarde o temprano ocurrirá— volverán las conferencias, las condolencias y las promesas de reconstrucción. El problema es que México lleva años temblando… y el gobierno sigue sin despertar.
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