Por / Gabriel Acevedo
No había conos oficiales.
No había aviso.
No había documento.
Pero sí había poder.
En calles de Oaxaca de Juárez, lo que debería ser un operativo de seguridad terminó pareciendo un retén fuera de norma, improvisado y sostenido más por la intimidación que por la legalidad.
Detenciones al azar.
Criterios cambiantes.
Cero explicación.
La escena era clara: ciudadanos confundidos, uniformes imponiendo y una constante que se repetía en cada interacción: la ausencia total de transparencia.
Lo más grave vino después.
Al solicitar el oficio que justificara el retén, los elementos simplemente no lo mostraron. No porque no quisieran… sino porque no lo tenían a la mano. Y en lugar de una respuesta institucional, hubo evasivas y burlas: que “luego lo pedían”, que “en un momento aparecía”.
Un retén sin oficio en físico no es un retén.
Es otra cosa.
Durante la intervención, una oficial aseguró que la motocicleta no contaba con número de motor. Se le indicó el lugar exacto. Nunca verificó. Nunca respondió. Nunca explicó. Así, sin más.
Y aquí no hay evasión de responsabilidad:
sí, no se portaba casco.
sí, la motocicleta era nueva y estaba en proceso de placas.
La falta se reconoce.
Pero lo que no se acepta es esto:
que el uniforme se use como herramienta de presión,
que la autoridad actúe sin sustento,
que la ley se aplique a conveniencia.
Los elementos identificados en el lugar fueron:
Rodrigo Caballero (placa 486)
Mónica Lizbeth Brito (placa 325)
quienes participaron en un operativo sin mostrar el oficio correspondiente que lo respaldara.
Y aquí es donde todo se rompe.
Porque mientras desde el discurso oficial se habla de orden, en la práctica se toleran acciones que rozan lo irregular. Bajo la administración de Raymundo Chagoya, la línea entre legalidad y abuso parece cada vez más delgada… o inexistente.
Un retén sin respaldo no es prevención.
Es presión.
Es abuso.
Es simulación de autoridad.
Y cuando eso se normaliza, el problema ya no es un elemento…
es todo el sistema.
