Gabriel Acevedo
Oaxaca – Lo ocurrido en Villa de Mitla no puede seguir tratándose como un “incidente de protesta” más. La suspensión de la mesa entre la CNTE y la Secretaría de Gobernación evidencia que en Oaxaca el conflicto ya escaló a un punto donde la negociación convive con la violencia, y donde las autoridades —municipales y estatales— aparecen sistemáticamente incapaces de garantizar condiciones mínimas de seguridad en escenarios de alta tensión social.
La denuncia de la Sección 22 de la CNTE es particularmente grave: señalan la irrupción de hombres armados, disparos para desalojar un bloqueo y agresiones directas contra docentes. En ese contexto, colocan bajo responsabilidad política directa al presidente municipal de Villa de Mitla, Esaú López Quero, así como al gobernador Salomón Jara Cruz y al secretario de Gobierno Jesús Romero. No es una acusación menor: es una imputación política de que el Estado no solo falló en contener el conflicto, sino que permitió —por acción u omisión— su escalamiento violento.
El problema de fondo es que estas acusaciones no encuentran una respuesta institucional contundente, sino comunicados, deslindes o silencios parciales que alimentan la percepción de impunidad. Y en ese vacío, cada actor construye su propia versión de los hechos, mientras la ciudadanía queda atrapada entre bloqueos, confrontaciones y una gobernabilidad que opera a la defensiva, siempre después del estallido, nunca antes.
El gobierno estatal y el municipal están obligados a responder con claridad: quién ingresó con armas al punto de protesta, bajo qué condiciones ocurrió la agresión denunciada y qué cuerpos de seguridad estaban presentes —o ausentes— durante los hechos. No se trata de narrativa política, sino de responsabilidades operativas en territorio.
Pero también la CNTE debe sostener la consistencia de sus señalamientos con pruebas verificables, porque en un entorno tan polarizado, la denuncia sin sustento sólido termina debilitando incluso causas legítimas. La confrontación no puede seguir escalando en un escenario donde la línea entre protesta, presión política y violencia se vuelve cada vez más difusa.
Lo cierto es que Oaxaca vuelve a exhibir el mismo patrón: conflicto social permanente, autoridades rebasadas en la gestión preventiva y una mesa de diálogo federal que se rompe cada vez que el territorio se desborda. Y en ese ciclo, nadie termina rindiendo cuentas completas, aunque todos queden señalados.
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