Said Angulo
A un año de que México sea observado por millones de personas durante el Mundial 2026, una nueva amenaza se cierne sobre la imagen del país. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha advertido que mantendrá sus movilizaciones y no descarta acciones durante eventos relacionados con la máxima justa deportiva. El mensaje es claro: el conflicto magisterial sigue sin resolverse y ahora amenaza con proyectar al mundo una imagen de inestabilidad, bloqueos y confrontación social.
La postura de la CNTE genera preocupación porque coloca nuevamente a la ciudadanía y a sectores estratégicos de la economía como rehenes de una disputa política. Nadie cuestiona el derecho a la protesta ni la legitimidad de las demandas laborales, pero utilizar como herramienta de presión un evento de relevancia internacional abre un debate sobre los límites de la movilización social. México ha invertido miles de millones de pesos en infraestructura, promoción turística y logística para aprovechar el escaparate mundialista, mientras grupos de presión amenazan con convertir esa oportunidad en un escenario de conflicto.
Pero la responsabilidad no recae únicamente en la CNTE. El gobierno federal y los gobiernos estatales involucrados han demostrado una preocupante incapacidad para resolver un problema que lleva años acumulándose. Las mesas de negociación se multiplican, los discursos oficiales hablan de diálogo permanente, pero los acuerdos concretos siguen sin aparecer. La amenaza de afectar actividades relacionadas con el Mundial no es solamente un fracaso de la estrategia sindical; es también la evidencia de que las autoridades han permitido que el conflicto crezca hasta convertirse en un problema de alcance internacional. Si la situación escala durante 2026, la factura política y económica podría ser enorme, y una vez más quienes terminarán pagando las consecuencias serán los ciudadanos.
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