Por Gabriel Acevedo
En Oaxaca de Juárez ya no queda duda de para quién gobierna el presidente municipal Raymundo Chagoya Villanueva. Mientras ciudadanos denuncian el despojo de una calle pública, destrucción ecológica y abuso urbano por parte de la empresa Fibra Danhos, el edil decidió ponerse del lado del corporativo y reducir el escándalo a una supuesta “invasión mínima por logística”. Una frase que para los vecinos representa una bofetada y una muestra descarada de sumisión política ante el poder económico.
La realidad es mucho más grave: la Privada de las Rosas fue prácticamente secuestrada y destruida para integrarla al estacionamiento privado del proyecto “Parque Oaxaca”. Excavaciones profundas, desaparición de espacios públicos, tala masiva de árboles y afectaciones ambientales avanzaron con total impunidad mientras el Ayuntamiento observaba en silencio. Hoy, las acusaciones contra el gobierno municipal ya no hablan solo de omisión, sino de presunta complicidad y tráfico de influencias para beneficiar a un corporativo millonario.
Vecinos aseguran que el municipio no actuó como autoridad, sino como operador político e inmobiliario de Fibra Danhos. Y las sospechas crecieron aún más luego de revelarse que el Ayuntamiento ya analiza avalúos para vender, concesionar o permutar la calle pública que fue invadida. Es decir: primero permitieron la ocupación ilegal y ahora pretenden legalizar el despojo desde el escritorio.
El caso exhibe un gobierno que parece haber renunciado a defender a los ciudadanos. Porque mientras en Oaxaca faltan servicios, seguridad y obras reales, la administración municipal sí encuentra tiempo y recursos para proteger intereses privados. Lo ocurrido en la colonia Reforma no es un simple conflicto urbano; para muchos ciudadanos es la evidencia de un gobierno entregado al dinero, incapaz de poner límites al poder empresarial y dispuesto a sacrificar patrimonio público con tal de quedar bien con los inversionistas.
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