Por Gabriel Acevedo
Mientras el gobernador Salomón Jara Cruz sostiene que los índices delictivos han disminuido y que Oaxaca avanza por la ruta de la seguridad, la realidad vuelve a golpear con fuerza. La Fiscalía General del Estado confirmó el homicidio del expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec, Pedro M. B., un crimen que se suma a la cadena de ataques contra autoridades y exautoridades municipales registrados en las últimas semanas.
No se trata de un hecho aislado. La violencia política y criminal continúa cobrando víctimas en distintas regiones del estado, dejando una pregunta cada vez más incómoda para el gobierno estatal: si la estrategia de seguridad está funcionando, ¿por qué siguen asesinando a quienes alguna vez encabezaron gobiernos municipales?
Cada nuevo homicidio no sólo representa una tragedia para una familia o una comunidad. También pone a prueba el discurso oficial que insiste en hablar de resultados positivos mientras los hechos alimentan una percepción distinta entre la población.
La narrativa gubernamental sostiene que Oaxaca es hoy un estado más seguro. Sin embargo, la sucesión de ataques contra alcaldes, exalcaldes, funcionarios y ciudadanos mantiene abierta la discusión sobre la eficacia de las políticas de seguridad y la capacidad institucional para prevenir estos delitos.
La ciudadanía observa una contradicción difícil de ignorar. Por un lado, se presentan cifras y mensajes que hablan de avances; por el otro, continúan registrándose hechos de alto impacto que generan preocupación dentro y fuera del estado, especialmente cuando Oaxaca recibe a miles de visitantes durante la temporada de la Guelaguetza.
Más allá del discurso político, lo que exige la sociedad son resultados. Cada crimen sin esclarecer fortalece la percepción de impunidad y alimenta la desconfianza hacia las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.
El asesinato del expresidente municipal Pedro M. B. vuelve a colocar a Oaxaca bajo los reflectores nacionales, no por su cultura ni por su riqueza turística, sino por una violencia que sigue cobrando vidas.
Las investigaciones deberán determinar el móvil del crimen y llevar a los responsables ante la justicia. Pero mientras eso ocurre, la pregunta sigue vigente y cada vez pesa más en la opinión pública: ¿puede hablarse de una disminución de la violencia cuando los homicidios de alto impacto continúan formando parte de la agenda cotidiana del estado?
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