Por Gabriel Acevedo
Mientras Oaxaca intenta mantenerse a flote en medio de una economía golpeada, miles de ciudadanos vuelven a ser rehenes de un conflicto magisterial que parece no tener fin. Las movilizaciones de la CNTE y la Sección 22 han convertido nuevamente calles, carreteras, plazas comerciales y espacios públicos en escenarios de presión política, dejando a comerciantes, trabajadores y familias pagando una factura que no les corresponde. Los bloqueos continúan, las negociaciones fracasan y la ciudadanía observa cómo sus derechos quedan relegados frente a una disputa que ninguna autoridad ha logrado resolver.
Lo más preocupante es que el conflicto ya dejó de ser únicamente un reclamo laboral. Hoy se ha transformado en una demostración de fuerza donde los daños colaterales parecen no importar. Comercios afectados, pérdidas económicas, caos vial y una creciente irritación social son parte de la realidad diaria que enfrentan miles de oaxaqueños. Los bloqueos en plazas comerciales y vialidades estratégicas han generado afectaciones directas a la actividad económica del estado.
Pero si existe un responsable principal de esta crisis es el gobierno. Tanto la administración federal como la estatal han demostrado una preocupante incapacidad para construir acuerdos efectivos. Las mesas de diálogo se multiplican, los comunicados oficiales hablan de disposición y apertura, pero los resultados simplemente no llegan. Una y otra vez las negociaciones terminan sin acuerdos, mientras el conflicto escala y la tensión social aumenta.
En Oaxaca, muchos ciudadanos comienzan a preguntarse si las autoridades realmente gobiernan o simplemente administran las crisis. El gobernador Salomón Jara Cruz enfrenta uno de los mayores desafíos de su administración y, hasta ahora, la percepción pública es que la estrategia ha sido reactiva y no preventiva. Por su parte, el gobierno federal tampoco ha conseguido contener un conflicto que amenaza con escalar justo cuando México busca proyectar estabilidad ante la proximidad del Mundial 2026.
La historia reciente de Oaxaca debería servir como advertencia. Cada vez que los gobiernos permiten que los conflictos se prolonguen sin soluciones reales, las consecuencias terminan afectando a toda la sociedad. El problema no es únicamente la CNTE ni únicamente el gobierno. El verdadero problema es un sistema político que durante décadas ha preferido administrar el conflicto antes que resolverlo.
Hoy Oaxaca vive otra vez entre bloqueos, amenazas de nuevas movilizaciones y negociaciones estancadas. Y mientras maestros y gobiernos continúan su pulso político, quienes siguen perdiendo son los ciudadanos que sólo quieren trabajar, circular libremente y vivir en paz. La gran pregunta es cuánto tiempo más tendrá que pagar el pueblo el costo de una incapacidad política que parece no tener solución.
Deja una respuesta