Oaxaca, rehén de la ingobernabilidad

Gabriel Acevedo

Mientras las movilizaciones de la Sección 22 continúan paralizando calles, afectando comercios y complicando la vida diaria de miles de ciudadanos, la pregunta que crece entre los oaxaqueños es simple: ¿dónde están las autoridades?

El gobernador Salomón Jara Cruz y el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Raymundo Chagoya Villanueva, parecen haber optado por la pasividad frente a un conflicto que cada día genera mayores costos económicos y sociales. Mientras los bloqueos avanzan, los comerciantes reportan pérdidas, los ciudadanos enfrentan largas horas atrapados en el tráfico y los servicios públicos operan bajo presión.

La ciudadanía no espera milagros, pero sí liderazgo. Gobernar implica tomar decisiones, construir acuerdos y garantizar el orden público dentro del marco de la ley. Sin embargo, la percepción que se extiende en distintos sectores es que las autoridades reaccionan tarde, emiten discursos repetitivos y permiten que el conflicto escale sin una estrategia visible que ofrezca soluciones de fondo.

Las protestas magisteriales forman parte de una realidad política compleja en Oaxaca, pero eso no exime a los gobiernos estatal y municipal de su responsabilidad. Cada día de bloqueo representa pérdidas para pequeños negocios, afectaciones al turismo y obstáculos para miles de trabajadores que simplemente intentan llegar a sus empleos.

La administración estatal prometió gobernabilidad y estabilidad. El gobierno municipal prometió orden y cercanía con la ciudadanía. Hoy, frente a una ciudad nuevamente atrapada por las movilizaciones, los resultados parecen distantes de aquellas promesas.

El problema ya no es únicamente el conflicto magisterial. El problema es la incapacidad de las autoridades para evitar que Oaxaca viva una vez más bajo la lógica de la parálisis. Mientras unos protestan y otros negocian, quienes pagan la factura son los ciudadanos.

La gobernabilidad no se mide en conferencias de prensa ni en declaraciones políticas. Se mide en la capacidad de garantizar que una ciudad funcione, que la economía siga avanzando y que los derechos de todos sean respetados. Hoy, para muchos oaxaqueños, esa tarea sigue pendiente.

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