La Columneja… Zipolite y Mazunte: ¿paraíso turístico o territorio bajo sospecha?

Por Omar Morales

Cinco personas halladas sin vida, dos funcionarios detenidos por desaparición forzada y una mujer que lleva años denunciando agresiones. La Costa de Oaxaca exige respuestas, no discursos.

Zipolite y Mazunte son dos de las postales más reconocidas de Oaxaca. Playas que atraen turistas nacionales y extranjeros, comunidades que dependen de la actividad turística y destinos que se promocionan como espacios de libertad, naturaleza y tranquilidad.

Pero detrás de esa imagen hay preguntas que las autoridades no pueden seguir dejando en el aire.

¿Quién garantiza la seguridad de quienes viven en estas comunidades? ¿Qué ocurre con las denuncias de violencia contra las mujeres? ¿Hay investigaciones efectivas sobre posibles redes criminales? Y, sobre todo, ¿qué resultados pueden presentar las instituciones encargadas de procurar justicia?

Porque una cosa es vender un destino turístico y otra muy distinta garantizar que la gente pueda vivir y trabajar sin miedo.

EL CASO QUE NO DEBE QUEDAR EN EL OLVIDO

En marzo de 2025, Oaxaca quedó sacudido por la desaparición de personas originarias de Tlaxcala que habían sido vistas por última vez en distintos puntos de la Costa.

La Fiscalía General del Estado informó que cinco personas fueron localizadas sin vida el 2 de marzo en un vehículo abandonado en Puebla. Días después, el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla señaló que una de las principales líneas de investigación apuntaba a un posible ajuste de cuentas entre células delictivas, una de Tlaxcala y otra de la región costera.

El asunto tomó una dimensión todavía más grave cuando, el 24 de marzo de 2025, la propia Fiscalía anunció la detención de un agente del Ministerio Público adscrito a Huatulco y de un agente estatal de investigación que encabezaba la comandancia en ese municipio.

Ambos fueron señalados por su probable participación en desaparición forzada agravada.

No fue un señalamiento lanzado al aire por algún adversario político. Fue la propia institución encargada de procurar justicia la que informó sobre las órdenes de aprehensión, la legalidad de las detenciones y la solicitud de vinculación a proceso.

La Fiscalía también reconoció que mantenía abiertas investigaciones sobre la Policía Municipal de Santa Cruz Huatulco y posibles vínculos con células delictivas locales.

Aquí aparece la primera pregunta que sigue siendo indispensable: ¿en qué terminó ese expediente?

A más de un año y medio de aquellas detenciones, es necesario conocer si los dos imputados fueron vinculados a proceso, si se presentó una acusación formal, si el asunto llegó a juicio y si existe alguna sentencia o resolución posterior.

También es necesario saber qué ocurrió con las investigaciones sobre otros posibles involucrados y qué resultados tuvieron las indagatorias sobre la eventual participación de policías municipales.

En la documentación pública que pudimos verificar no encontramos una actualización suficiente para establecer el desenlace judicial definitivo de ambos casos.

Eso no significa que no haya habido avances. Significa que hace falta una respuesta verificable.

CUANDO UNA MUJER DENUNCIA Y LAS PREGUNTAS SE MULTIPLICAN

El segundo asunto tiene nombre y antecedentes.

En marzo de 2023, Marisol Niño de Rivera hizo pública una denuncia por una presunta tentativa de feminicidio en Mazunte. En diciembre de 2024 volvió a denunciar agresiones y amenazas. En diciembre de 2025 aseguró haber sobrevivido a tres intentos de feminicidio y pidió la intervención del gobernador Salomón Jara Cruz ante lo que describió como una situación de violencia y la presunta presencia de grupos criminales en Zipolite y zonas cercanas.

Sus declaraciones fueron recogidas por medios de comunicación.

Conviene hacer una precisión: sus señalamientos deben investigarse y contrastarse; no constituyen por sí mismos una resolución judicial que acredite tres tentativas de feminicidio ni la existencia de una organización criminal que controle ambas playas.

Pero tampoco pueden ignorarse.

Cuando una persona denuncia amenazas, agresiones y riesgo para su vida, las autoridades deben esclarecer los hechos, evaluar el peligro y adoptar las medidas de protección que correspondan.

Por eso las preguntas son concretas: ¿cuántas carpetas de investigación existen relacionadas con las denuncias de Marisol? ¿Qué delitos se investigan? ¿Qué medidas de protección se le otorgaron, si las hubo? ¿Qué diligencias se realizaron sobre sus señalamientos? ¿Existe una respuesta formal de la Fiscalía o del Gobierno estatal?

En la información pública localizada no encontramos una respuesta institucional que permita esclarecer integralmente esos puntos.

Y cuando una denuncia lleva años apareciendo en los medios sin que la ciudadanía conozca con claridad su desenlace, las autoridades tienen que explicar qué hicieron y qué falta por hacer.

¿Y LA TRATA DE PERSONAS?

El 21 de octubre de 2026, la Fiscalía de Oaxaca informó que obtuvo la vinculación a proceso de un hombre por su probable responsabilidad en violación equiparada agravada y trata de personas contra una adolescente en Río Grande.

De acuerdo con el comunicado oficial, los hechos investigados incluían el presunto traslado de la menor a un establecimiento de cuartos en renta para su explotación sexual.

El caso confirma que existe una investigación judicializada por trata en la región de la Costa. No demuestra que haya una red operando en Zipolite o Mazunte ni que ese expediente esté relacionado con las denuncias de Marisol.

Pero sí obliga a preguntar cuántas investigaciones adicionales existen en la región, cuántas víctimas han sido identificadas y qué resultados han tenido las acciones contra la explotación sexual y la captación de menores.

La trata no se combate con rumores, pero tampoco con indiferencia.

Se combate con investigaciones, protección a las víctimas, seguimiento judicial y resultados que puedan hacerse públicos sin poner en riesgo a quienes denuncian.

SALOMÓN JARA Y LA FISCALÍA TIENEN QUE RESPONDER

Gobernador Salomón Jara Cruz: ¿qué garantías de seguridad puede ofrecer hoy su gobierno a las mujeres, los habitantes y los visitantes de Zipolite y Mazunte?

Fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla: ¿cuál es el estado procesal actualizado del expediente por la desaparición forzada de personas originarias de Tlaxcala? ¿Qué resultados existen sobre las investigaciones que apuntaron a posibles vínculos entre funcionarios y células delictivas? ¿Qué respuesta puede dar la Fiscalía a las denuncias públicas de Marisol Niño de Rivera?

No estamos afirmando que Zipolite y Mazunte estén bajo el control del crimen organizado. Tampoco que exista una red de trata plenamente identificada en ambas localidades.

Lo que sí existe son hechos oficiales, detenciones, investigaciones por delitos graves y denuncias públicas que ameritan seguimiento.

Por eso, la respuesta no puede limitarse a enumerar patrullajes, operativos o reuniones de seguridad. La ciudadanía necesita saber qué investigaciones avanzaron, qué delitos se esclarecieron, qué medidas de protección se aplicaron y qué resultados pueden acreditarse.

Las comunidades costeras no merecen que su nombre se convierta en sinónimo de sospecha. Merecen instituciones que investiguen y protejan a sus habitantes, sin importar si los hechos afectan la imagen turística del estado.

Porque la seguridad no se demuestra con un comunicado ni la justicia con una fotografía de funcionarios reunidos.

Se demuestra cuando las víctimas reciben protección, cuando los expedientes avanzan y cuando quienes cometen delitos responden ante los tribunales.

Zipolite y Mazunte no necesitan una condena mediática. Necesitan respuestas oficiales. Y Oaxaca necesita saber si sus instituciones están a la altura de la responsabilidad que tienen.

Esa es la pregunta que no debe quedar en el olvido.

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