Said Angulo
Salina Cruz, Oaxaca. Mientras pescadores denuncian afectaciones a su actividad y habitantes observan con preocupación la presencia de presuntos residuos de hidrocarburos en la Bahía La Ventosa, la respuesta oficial sigue sin disipar las dudas. Lo que para las autoridades y Petróleos Mexicanos ha sido minimizado, para quienes viven del mar representa una amenaza directa a su economía y al medio ambiente.
La indignación crece porque, a decir de los afectados, no basta con asegurar que la situación está bajo control. Lo que exigen son estudios públicos, resultados transparentes y responsables claramente identificados. La incertidumbre es hoy el principal combustible del conflicto.
Cada día que pasa sin una explicación contundente alimenta la desconfianza ciudadana. Pescadores aseguran que la captura ha disminuido y temen que la contaminación, de confirmarse, tenga consecuencias que podrían extenderse durante meses o incluso años.
La pregunta es inevitable: ¿quién responderá si se confirma un daño ambiental? Porque cuando ocurre un derrame o una fuga, las afectaciones no desaparecen con un comunicado. Permanecen en el agua, en la fauna y, sobre todo, en el bolsillo de cientos de familias que dependen de la pesca.
En un estado donde el discurso oficial presume desarrollo, inversiones y modernización, resulta contradictorio que comunidades enteras tengan que salir a exigir algo tan básico como información clara y acciones inmediatas.
La ciudadanía no necesita versiones encontradas ni declaraciones ambiguas. Necesita certeza. Si no existe contaminación, que las pruebas sean públicas. Y si existe, que haya responsables, sanciones y reparación del daño.
Porque el silencio institucional nunca limpia una playa. Mucho menos devuelve la confianza de quienes viven del mar.
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