Por Gabriel Acevedo
Oaxaca vuelve a convertirse en escenario de un conflicto que parece no tener salida. Mientras la Sección 22 y la CNTE mantienen bloqueos, marchas y movilizaciones para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y cambios al sistema educativo, miles de ciudadanos enfrentan diariamente afectaciones en su movilidad, en sus actividades laborales y en la economía local. Lo que comenzó como una legítima exigencia laboral se ha transformado en una estrategia de presión permanente donde quienes terminan pagando las consecuencias son comerciantes, trabajadores y familias enteras.
Sin embargo, reducir el problema únicamente al magisterio sería ignorar la otra parte de la responsabilidad. El gobierno federal y el estatal han demostrado una alarmante incapacidad para construir acuerdos sólidos y ofrecer soluciones de fondo. Las mesas de negociación se han convertido en ejercicios repetitivos donde abundan los discursos, pero escasean los resultados. Cada reunión que concluye sin acuerdos fortalece la percepción de que las autoridades han perdido el control político de una crisis que se prolonga año tras año.
La realidad es incómoda para todos. La CNTE insiste en métodos de presión que generan rechazo entre amplios sectores de la sociedad, mientras el gobierno responde con una estrategia reactiva que parece más enfocada en contener el conflicto que en resolverlo. Entre ambos actores se encuentra una ciudadanía cansada de ser utilizada como moneda de cambio. Oaxaca no necesita más bloqueos ni más mesas de diálogo estériles; necesita voluntad política, responsabilidad y acuerdos reales. De lo contrario, el conflicto seguirá creciendo y el costo continuará recayendo sobre quienes menos tienen que ver con esta disputa: los ciudadanos.
Deja una respuesta