Said Angulo
Mientras la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene las calles tomadas y amenaza con radicalizar sus acciones, el Gobierno Federal responde con mesas de diálogo que parecen diseñadas más para ganar tiempo que para resolver el conflicto. En medio de esta confrontación, los únicos que siguen pagando la factura son los ciudadanos.
La CNTE insiste en presentarse como la voz legítima de los trabajadores de la educación, pero cada día que pasa resulta más difícil justificar bloqueos, cierres carreteros y acciones que paralizan la actividad económica de ciudades enteras. La protesta es un derecho; convertirla en un mecanismo permanente de presión que afecta a miles de familias es otra cosa. Oaxaca lleva años atrapada en un ciclo donde el magisterio exige, el gobierno negocia y la sociedad absorbe las consecuencias.
Pero tampoco el Gobierno Federal puede lavarse las manos. Durante años, distintas administraciones han optado por administrar el conflicto en lugar de resolverlo. Cada mesa de negociación termina pareciendo un capítulo más de una historia repetida: promesas, acuerdos parciales, discursos de buena voluntad y una nueva crisis semanas después. La falta de una política educativa clara y de largo plazo ha convertido el problema en una herencia permanente que ningún gobierno quiere enfrentar de fondo.
Lo ocurrido en las últimas semanas demuestra que ambas partes parecen más preocupadas por ganar la batalla mediática que por encontrar soluciones reales. La CNTE busca mantener capacidad de presión y presencia política; el gobierno intenta evitar un costo político mayor. Mientras tanto, estudiantes, comerciantes, trabajadores y ciudadanos comunes quedan relegados a un papel secundario.
El conflicto ha dejado de ser únicamente un debate sobre derechos laborales o política educativa. Hoy representa el fracaso de un modelo donde la presión sustituye al diálogo efectivo y donde la autoridad parece reaccionar únicamente cuando las calles están bloqueadas. Oaxaca no necesita más episodios de confrontación permanente; necesita instituciones capaces de resolver problemas sin convertir cada diferencia en una crisis.
Porque al final, cuando se apagan los micrófonos y terminan las conferencias de prensa, ni la CNTE ni el Gobierno Federal son quienes enfrentan las pérdidas económicas, los retrasos, la incertidumbre y el desgaste social. Esa carga sigue recayendo sobre una ciudadanía que observa cómo ambos bandos se culpan mutuamente mientras el conflicto continúa sin una solución definitiva.
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