La X en la Frente… México y su obsesión por la cárcel

Por / Moisés MOLINA

Este fin de semana Oaxaca fue el epicentro del penalismo mexicano.

Más de mil abogadas y abogados llenaron el Centro de Convenciones para discutir los grandes dilemas del derecho penal en México y en el mundo. No fue un encuentro protocolario ni una reunión de cortesía académica. Fue, en realidad, un espacio para discutir algo que hoy incomoda en la conversación pública: los límites del castigo.

Porque México vive un momento paradójico.

Mientras la violencia y la inseguridad golpean la vida cotidiana, la respuesta política más recurrente ha sido endurecer el derecho penal. Más delitos, más agravantes, más cárcel. Como si el problema de la seguridad pudiera resolverse simplemente aumentando el catálogo de castigos.

El resultado es un país donde la prisión se ha convertido en la respuesta automática para casi todo.

Y no solo después de un juicio.

Incluso antes.

La prisión preventiva oficiosa —es decir, cárcel sin sentencia— sigue siendo uno de los símbolos más claros de esa obsesión nacional por castigar primero y preguntar después.

Y aunque jurídicamente se discute su desaparición, social y políticamente sigue teniendo defensores entusiastas. Porque el castigo rápido siempre vende más que la justicia reflexiva.

De ahí que el debate sobre el papel del derecho penal resulte urgente.

¿Está el derecho penal hecho únicamente para castigar?

Muchos ciudadanos parecen convencidos de que sí.

Pero el derecho penal moderno nació con una idea distinta: limitar el poder del Estado para castigar, no ampliarlo sin freno.

Por eso, en la discusión aparecieron conceptos incómodos pero necesarios: el derecho penal del enemigo y el populismo punitivo. Dos categorías que explican bastante bien lo que ocurre cuando la política criminal se convierte en herramienta de popularidad.

Castigar más se vuelve políticamente rentable.

Aunque no necesariamente resuelva el problema.

El encuentro también puso sobre la mesa temas que ya están redefiniendo la justicia penal en el mundo: el papel de la inteligencia artificial en el análisis de pruebas, los aportes de la neurociencia al entendimiento de la conducta criminal, la responsabilidad penal de las empresas y los límites entre el derecho estatal y los sistemas normativos de los pueblos indígenas.

También apareció una discusión que todavía genera resistencias en muchas estructuras institucionales: la perspectiva de género en la impartición de justicia. No porque sea una moda académica, sino porque obliga a revisar inercias históricas que muchos prefieren no tocar.

En este debate participaron juristas de gran peso: Miguel Polaino, Miguel Ontiveros, nuestro paisano Moisés Moreno, Gerardo Laveaga, Jorge Nader, Víctor de Paula, María Alejandra Ramos Durán, Olga Leticia Galicia, Julia del Carmen García González, Pamela Herrera, Ana Ruiz Guarneros, Ana Ruth Díaz Victoria, Karen Herrera, Eric García López y Roberto Cippitani, entre otros.

Pero más allá de los nombres, el mérito del encuentro recae en quien lo impulsó.

Mi presidenta, Erika María Rodríguez Rodríguez, desde el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, logró abrir un espacio donde no solo dialogaron especialistas, sino donde cientos de estudiantes oaxaqueños pudieron participar gratuitamente en la discusión.

Y eso no es menor.

Porque si algo pueden hacer los poderes judiciales —además de impartir justicia— es promover pensamiento jurídico crítico.

No todo en el derecho debe ser expediente, trámite o sentencia.

También debe ser reflexión.

No es casual que esta discusión ocurra en Oaxaca.

Aquí nació el sistema penal acusatorio que hoy rige en todo México. Aquí comenzaron los juicios orales cuando todavía muchos dudaban de su viabilidad.

Por eso Oaxaca tiene algo más que historia en la transformación de la justicia penal del país.

Tiene responsabilidad intelectual.

Y en tiempos donde el castigo fácil suele ganar aplausos, abrir espacios para pensar el derecho penal con serenidad es, también, una forma de defender la justicia.

*Magistrado presidente de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.

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