Por Moisés Molina
Por años se nos dijo que la justicia debía mantenerse lejos de la política. Que el juez no podía ser popular, sino imparcial. Que su fuerza no provenía de los aplausos, sino de la ley. Hoy, esa frontera se ha vuelto difusa.
La elección de jueces mediante voto popular ha colocado al Poder Judicial en un terreno desconocido: el de las campañas, los discursos y la búsqueda del respaldo ciudadano. Y ahí surge una pregunta que no puede ignorarse: ¿cómo equilibrar la legitimidad democrática con la capacidad técnica?
Porque juzgar sí es una ciencia.
La frase de que «juzgar no es gran ciencia» podrá haber servido como consigna política, pero difícilmente resiste el análisis serio. La función judicial exige conocimientos especializados que no se improvisan en una plaza pública ni se aprenden durante una campaña electoral.
Un juez debe dominar las leyes que aplica, comprender los principios constitucionales que las limitan, interpretar derechos humanos, valorar pruebas y construir argumentos jurídicos sólidos. Un error médico puede costar una vida; un error judicial puede destruirla.
Por eso el Poder Judicial siempre fue concebido como un cuerpo eminentemente técnico. No porque estuviera por encima de la ciudadanía, sino porque la complejidad de sus decisiones exige preparación permanente.
Sin embargo, la reforma ya es una realidad. Los jueces no sólo deberán saber Derecho; ahora también tendrán que aprender a comunicarlo.
Y aquí aparece el principal desafío.
La política premia la simplificación. La justicia exige matices.
La política busca convencer. La justicia debe demostrar.
La política vive de las emociones. La justicia está obligada a contenerlas.
Quien aspire a juzgar tendrá que caminar sobre esa cuerda floja sin caer en la tentación de la demagogia. Porque el riesgo existe: que la popularidad termine pesando más que la preparación; que la capacidad para generar simpatías sustituya a la capacidad para dictar sentencias.
Pero también existe una oportunidad.
Si el objetivo es acercar el Poder Judicial a la sociedad, los jueces deberán abandonar la comodidad de los tecnicismos incomprensibles y explicar con claridad qué hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen.
La deliberación pública no debe entenderse como espectáculo electoral. Debe convertirse en una herramienta pedagógica.
Un juez que enseña Derecho, que participa en foros, que explica los alcances de la Constitución o que acerca la justicia a la ciudadanía, no está haciendo propaganda; está fortaleciendo la cultura democrática.
El problema no es que los jueces hablen más.
El problema sería que para ganar votos dejaran de hablar como jueces.
México está experimentando con un modelo sin precedentes. La apuesta es enorme. Lo que está en juego no es únicamente quién ocupará una silla en un tribunal, sino la confianza de millones de ciudadanos en la imparcialidad de quienes decidirán sobre su libertad, su patrimonio y sus derechos.
La justicia necesita legitimidad democrática.
Pero también necesita conocimiento.
Si una de las dos desaparece, no tendremos mejores jueces. Tendremos mejores candidatos.
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