Moisés Molina*
Hace unas semanas, en Twitter, se discutía si la Constitución era o no una norma jurídica. Un debate que, en el fondo, se queda corto. Porque la Constitución mexicana no es solo ley: es poder, es origen y es dirección.
Es la norma suprema, sí. Pero también es el pacto que define quién manda, cómo manda y hasta dónde puede mandar. Es el límite… y también la ruta.
Y ahí es donde empieza el verdadero conflicto.
Porque no hay un solo constitucionalismo. Hay varios. Y todos compiten por imponer su visión del país.
El liberal nació para frenar al poder.
El social —con la Constitución de 1917— lo obligó a responder a las demandas del pueblo.
El neoconstitucionalismo empoderó a los jueces, convirtiéndolos en árbitros finales, incluso por encima de las mayorías.
Y ahora, el nuevo constitucionalismo latinoamericano viene a sacudir ese equilibrio.
No nació de guerras mundiales, pero sí de algo igual de brutal: las dictaduras. Y su apuesta es clara: devolverle el control a la gente. A la mayoría. A la democracia directa.
Plebiscitos. Referendos. Revocaciones. Participación.
Pero también algo más profundo: el reconocimiento de quienes históricamente han sido ignorados. Pueblos indígenas, mujeres, diversidad sexual, personas con discapacidad. No como discurso, sino como sujetos reales de derechos, incluso colectivos.
Y aquí es donde la tensión explota.
Porque este nuevo modelo no solo amplía derechos. También le pone freno a los jueces. Les recorta ese poder contramayoritario que durante años los colocó por encima de las decisiones políticas.
Y entonces la pregunta deja de ser teórica. Se vuelve incómodamente real:
¿Quién debe tener la última palabra?
¿Los jueces?
¿Los legisladores?
¿El Ejecutivo?
¿O la mayoría?
No hay respuesta fácil.
Porque lo que está en juego no es una discusión académica. Es el tipo de país que queremos construir. Uno donde los derechos limiten a la mayoría… o uno donde la mayoría defina el rumbo, incluso con riesgos.
Esa tensión no está resuelta. Y probablemente no lo estará pronto.
Pero ignorarla es peor.
Porque al final, cada decisión —cada sentencia, cada ley, cada política— va marcando una X en la frente del país que estamos eligiendo ser.
*Magistrado Presidente de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
