Por Gabriel Acevedo
Hay una diferencia enorme entre un error administrativo y una observación por casi 28 millones de pesos. Lo ocurrido en Santa Cruz Xoxocotlán durante la administración de Inocente “Chente” Castellanos no puede minimizarse como una simple falta de papeles o un descuido burocrático. Cuando la Auditoría Superior de la Federación señala que no existe documentación suficiente para acreditar el destino de 27.8 millones de pesos de recursos federales, lo que está diciendo es que el dinero salió de las cuentas públicas, pero no quedó plenamente demostrado cómo, dónde y bajo qué condiciones se ejerció.
Legalmente, nadie puede ser declarado culpable antes de que concluyan las investigaciones. Pero políticamente la historia es distinta. La ASF no acostumbra inventar observaciones de esta magnitud. Hablamos de recursos destinados a arrendamientos, obras, estudios y proyectos que debían estar respaldados con expedientes, contratos, comprobantes, registros contables y documentación justificativa. Si esos documentos no aparecieron durante la auditoría, la pregunta es inevitable: ¿dónde está el dinero o dónde están las pruebas de que se utilizó correctamente?
Lo más preocupante es que las observaciones abarcan prácticamente la totalidad del monto revisado. No se trata de una factura aislada ni de una inconsistencia menor. Son millones de pesos que permanecen bajo sospecha mientras la ASF promueve responsabilidades administrativas contra quienes manejaron esos recursos. En cualquier gobierno que presumiera transparencia, una observación de este tamaño sería suficiente para exigir explicaciones inmediatas y detalladas de los exfuncionarios involucrados.
Los ciudadanos de Xoxocotlán tienen derecho a desconfiar. Durante años se les pidió pagar impuestos, soportar deficiencias en servicios públicos y confiar en que el dinero federal llegaría a obras y beneficios concretos. Ahora descubren que una parte importante de esos recursos no puede ser acreditada con claridad ante la máxima autoridad fiscalizadora del país.
La presunción de inocencia existe y debe respetarse. Pero también existe la presunción de responsabilidad política cuando aparecen 27.8 millones de pesos rodeados de irregularidades. Mientras no se presenten pruebas contundentes que disipen las dudas, la sombra de un posible saqueo seguirá creciendo sobre la administración que encabezó Chente Castellanos.
Porque en México, demasiadas veces la corrupción comienza exactamente así: con dinero público que aparece en los presupuestos, desaparece en los expedientes y termina convertido en una explicación que nunca convence a nadie.
La ASF ya encendió la alarma. Ahora corresponde a los responsables demostrar que esos 27.8 millones no son otro capítulo más de la larga historia de impunidad que persigue a los gobiernos municipales.
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