Por Gabriel Acevedo

Cada vez que un gobierno pronuncia la palabra «reordenamiento», Oaxaca ya sabe lo que viene: incertidumbre para miles de familias y beneficios que, curiosamente, siempre parecen terminar en las mismas manos.

El transporte público volvió a convertirse en el laboratorio político del Gobierno de Salomón Jara. El discurso oficial habla de movilidad, modernización y recuperación del Centro Histórico. En las calles, la historia es muy distinta.

Choferes de autobuses urbanos con los que conversamos describen una realidad que difícilmente aparece en los boletines oficiales. Aseguran que sus ingresos han caído a niveles insostenibles. Algunos dicen llevar apenas 400 pesos por jornada, mientras otras empresas pagan prácticamente el doble. El resultado es evidente: operadores abandonando rutas porque simplemente ya no pueden mantener a sus familias.

Del otro lado están los taxistas foráneos.

Ellos afirman que el llamado reordenamiento les arrebató hasta el 60 por ciento de su clientela. Menos pasajeros, más gastos, más incertidumbre. Y mientras intentan sobrevivir, denuncian que siguen enfrentando cobros ilegales de grupos que, según relatan, operan como sindicatos pero actúan con métodos de extorsión.

Así de grave es el nivel de descomposición.

Pero la pregunta incómoda sigue sin respuesta.

¿Quién está ganando con todo esto?

Porque mientras miles de trabajadores aseguran estar perdiendo su sustento, existe una percepción creciente entre transportistas de que las decisiones sobre el transporte responden más a intereses políticos y económicos que a una verdadera estrategia de movilidad.

Incluso hay quienes señalan directamente que personajes cercanos al poder serían los principales beneficiarios del nuevo esquema. Hasta ahora no existe evidencia pública que confirme esas acusaciones, pero precisamente por ello el Gobierno tiene la obligación de responder con datos, transparencia y documentos, no con discursos ni descalificaciones.

Porque el silencio también alimenta las sospechas.

Y cuando un gobierno concentra decisiones, controla el proceso y al mismo tiempo se niega a explicar quién gana, quién pierde y bajo qué criterios se tomaron esas decisiones, deja abierto un enorme espacio para la desconfianza ciudadana.

El problema del transporte en Oaxaca nunca fueron únicamente los taxis.

El verdadero problema ha sido que durante décadas el transporte fue utilizado como moneda de cambio político. Se entregaron concesiones, crecieron organizaciones con enorme poder, se toleró el desorden y se permitió que el interés de unos cuantos estuviera por encima del derecho de millones de usuarios.

Hoy el ciudadano sigue viajando en unidades viejas, esperando camiones que tardan una eternidad, pagando tarifas por un servicio deficiente y observando cómo gobierno y organizaciones se disputan el control del negocio.

Porque esa es otra palabra que nadie quiere pronunciar.

Negocio.

Si el reordenamiento realmente busca beneficiar a Oaxaca, el Gobierno debería publicar estudios técnicos, criterios de decisión, impactos económicos, beneficiarios del nuevo esquema y mecanismos de supervisión. La transparencia no debería ser una concesión; debería ser la regla.

Mientras eso no ocurra, seguirá creciendo una pregunta que ya se escucha en terminales, sitios de taxis y bases de autobuses:

¿El transporte se está ordenando… o simplemente está cambiando de dueño?

En Oaxaca ya no basta con pedir confianza.

Después de años de promesas, la ciudadanía exige pruebas.

Porque cuando el poder administra el transporte sin explicar con absoluta claridad cada una de sus decisiones, la duda deja de ser un rumor y se convierte en un problema político.

Y los gobiernos no se desgastan por las críticas.

Se desgastan cuando las preguntas se multiplican y las respuestas nunca llegan.