Por Gabriel Acevedo
Hay una pregunta que miles de oaxaqueños se hacen todos los días mientras permanecen atrapados en un bloqueo, observan sus negocios vacíos o ven a sus hijos perder semanas enteras de clases: ¿quién gobierna realmente Oaxaca?
La respuesta parece cada vez más evidente y más preocupante.
Porque mientras la Sección 22 mantiene carreteras cerradas, toma casetas, afecta aeropuertos, paraliza vialidades y amenaza incluso con extender su presión hasta eventos internacionales como el Mundial de 2026, el gobierno parece haberse resignado a administrar el conflicto en lugar de resolverlo.
Oaxaca vive una especie de normalización de la crisis.
Ya nadie se sorprende cuando una carretera es bloqueada. Ya nadie se alarma cuando un aeropuerto enfrenta afectaciones. Ya nadie cuestiona seriamente que más de 850 mil estudiantes permanezcan atrapados en un conflicto político-sindical que parece no tener fecha de conclusión.
Y precisamente ahí radica el mayor fracaso gubernamental.
No en la existencia de las protestas.
No en las demandas del magisterio.
Sino en la incapacidad del Estado para proteger simultáneamente el derecho a la manifestación y los derechos del resto de la sociedad.
Porque también tienen derechos los comerciantes que ven caer sus ventas.
También tienen derechos los hoteleros que enfrentan cancelaciones.
También tienen derechos los artesanos que dependen del turismo para sobrevivir.
También tienen derechos los transportistas que pierden jornadas enteras de trabajo.
Y por supuesto, también tienen derechos los estudiantes que hoy observan cómo su educación vuelve a convertirse en moneda de cambio dentro de una negociación política.
La realidad es que el costo económico comienza a ser enorme.
Cada bloqueo envía un mensaje de incertidumbre a inversionistas y visitantes.
Cada carretera cerrada deteriora la imagen de Oaxaca como destino turístico.
Cada día sin clases amplía una brecha educativa que después nadie podrá reparar con discursos ni conferencias de prensa.
Mientras tanto, las autoridades parecen atrapadas entre el temor a ejercer la autoridad y la falta de capacidad para construir acuerdos efectivos.
El resultado es un gobierno que reacciona, pero no resuelve.
Que dialoga, pero no avanza.
Que promete, pero no concreta.
Y en medio de todo, los ciudadanos vuelven a pagar la factura.
Lo más preocupante es que el conflicto ya dejó de ser exclusivamente magisterial.
Hoy es una crisis de gobernabilidad.
Una crisis donde la percepción pública comienza a instalar una idea peligrosa: que en Oaxaca la ley se negocia, la movilidad se condiciona y la autoridad se ausenta.
La historia reciente demuestra que ningún conflicto social se resuelve ignorándolo.
Pero también demuestra que ningún estado puede desarrollarse cuando la excepción se convierte en regla y cuando el interés de millones queda subordinado a la capacidad de presión de unos cuantos.
Oaxaca necesita diálogo.
Pero también necesita gobierno.
Porque mientras las autoridades sigan administrando el problema en lugar de enfrentarlo, la pregunta seguirá resonando en calles, negocios y hogares:
¿Quién gobierna realmente Oaxaca?
Y cada día que pase sin una respuesta clara, la respuesta la seguirá escribiendo el caos.
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