Por / Gabriel Acevedo
Oaxaca ya no se gobierna desde la estabilidad institucional, sino desde la administración constante del conflicto. Esa es la premisa incómoda que, aunque se evite en el discurso oficial, se confirma en la práctica cotidiana del estado.
La relación entre el gobierno de Salomón Jara Cruz y la Sección 22 de la CNTE se ha convertido en el eje más visible de esa fragilidad. No es un conflicto nuevo, pero sí uno que ha evolucionado hacia una dinámica más compleja: la protesta dejó de ser un mecanismo de presión puntual para transformarse en una herramienta estructural de negociación política.
La CNTE en Oaxaca opera con una capacidad de movilización que ningún gobierno estatal ha logrado neutralizar de forma sostenida. Bloqueos, paros y concentraciones no son episodios aislados; son parte de un repertorio de acción que condiciona la vida pública del estado. Y ese hecho, más allá de las simpatías o rechazos, redefine la relación entre autoridad y calle.
Del otro lado, el gobierno estatal insiste en una lógica de diálogo permanente. Sin embargo, el problema no es la existencia del diálogo, sino su eficacia. Cuando la negociación se vuelve el único mecanismo de contención, sin reformas de fondo ni capacidad de ejecución institucional, el Estado deja de resolver conflictos y empieza a gestionarlos indefinidamente.
A nivel federal, la administración de Claudia Sheinbaum ha optado por una ruta conocida: incrementos salariales, mesas de trabajo y despresurización gradual. Pero el patrón se repite. El conflicto no se cierra, solo se pospone. Y en Oaxaca, lo que se posterga tiende a regresar con mayor intensidad.
El resultado es un equilibrio inestable. No hay ruptura del orden institucional, pero tampoco hay plena gobernabilidad. Lo que existe es una zona gris donde el Estado conserva la forma, pero pierde capacidad efectiva de decisión frente a actores con alta capacidad de presión.
El punto crítico no es si las demandas del magisterio son legítimas o no. El problema es otro: la normalización de un modelo donde la política pública se define bajo condiciones de presión constante.
En ese escenario, Oaxaca no enfrenta únicamente un conflicto sindical. Enfrenta una forma de gobierno no declarada, pero funcional: la negociación permanente como sustituto de la autoridad.
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