Por Gabriel Acevedo
En Oaxaca existe una figura política más poderosa que muchos presidentes municipales, más temida que los partidos y más inmune que cualquier funcionario señalado por corrupción: la CNTE.
Lo ocurrido en Mitla volvió a exhibir una realidad incómoda que nadie quiere decir en voz alta. Sí, la violencia debe condenarse. Sí, cualquier agresión armada contra manifestantes debe investigarse y castigarse. Pero también resulta grotesco que la Sección 22 pretenda colocarse eternamente como víctima absoluta mientras convierte carreteras, ciudades y comunidades enteras en rehenes de su estrategia de presión.
El presidente municipal de Mitla, Esaú López Quero, terminó solicitando licencia indefinida tras el escándalo político derivado del enfrentamiento. La CNTE exige su destitución definitiva, investigaciones y castigos inmediatos. Y probablemente los obtendrá. Porque en Oaxaca, cuando la Coordinadora presiona, el Estado se dobla.
Pero la pregunta incómoda sigue flotando en el aire:
¿Quién responde por el daño social que deja la propia CNTE?
Porque bloquear carreteras no es diálogo.
Tomar casetas no es justicia.
Paralizar ciudades no es pedagogía.
Y convertir cada conflicto en una amenaza de ingobernabilidad tampoco es una lucha social limpia.
La Coordinadora ha construido durante décadas un modelo perfecto de presión: ellos pueden cerrar autopistas, colapsar el comercio, secuestrar la movilidad de miles de ciudadanos y mantener a Oaxaca permanentemente bajo chantaje político… pero nadie puede tocarlos, cuestionarlos ni exigirles responsabilidad pública porque inmediatamente aparece la narrativa de “represión”.
Esa es la verdadera tragedia de Oaxaca:
un gobierno débil frente a un movimiento que aprendió que el costo político siempre lo pagan otros.
La CNTE habla de pueblo, pero muchas veces actúa por encima del propio pueblo. Comerciantes quebrados, turistas cancelando viajes, trabajadores atrapados, hospitales afectados, estudiantes perdiendo clases y comunidades enteras paralizadas parecen daños secundarios dentro de una maquinaria de presión que ya normalizó el caos como herramienta política.
Y cuidado: criticar a la CNTE no significa defender gobiernos incompetentes. El gobierno de Oaxaca también carga responsabilidad por su incapacidad histórica para resolver el conflicto magisterial sin convertir cada negociación en una bomba de tiempo. Salomón Jara ha apostado por administrar crisis, no por resolverlas. Y esa tibieza alimenta todavía más la sensación de impunidad.
Lo de Mitla deja una escena brutalmente simbólica:
un alcalde fuera del cargo en cuestión de horas… mientras nadie se atreve siquiera a discutir los excesos de la Coordinadora.
Porque en Oaxaca existe un mensaje no escrito:
al gobierno se le puede incendiar políticamente,
pero a la CNTE no se le puede tocar.
Y mientras eso siga ocurriendo, la entidad continuará atrapada entre autoridades sin autoridad y movimientos que hace mucho dejaron de aceptar cualquier límite.
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