Por Gabriel Acevedo
Después de los disparos, de los enfrentamientos y de los bloqueos que paralizaron una de las principales vías de comunicación de Oaxaca, queda una pregunta que nadie quiere responder: ¿quién se hará responsable del daño provocado a miles de ciudadanos inocentes?
Lo ocurrido en Mitla no fue un accidente ni una consecuencia inevitable. Fue el resultado de una estrategia de presión que se salió de control y de una autoridad que, una vez más, demostró su incapacidad para prevenir una crisis anunciada. La CNTE tiene derecho a manifestarse, pero no tiene derecho a secuestrar carreteras, afectar a terceros y mucho menos generar condiciones que terminen en violencia. Cuando una protesta deja heridos, caos y miedo, deja de ser únicamente una causa social para convertirse en un problema de seguridad pública.
Los dirigentes magisteriales exigen respeto a sus demandas, pero guardan un silencio conveniente sobre las pérdidas que provocan sus acciones. Hablan de derechos laborales mientras miles de comerciantes pierden ingresos, mientras transportistas ven detenida su actividad y mientras ciudadanos comunes quedan atrapados durante horas sin importarles si se trata de enfermos, trabajadores o familias enteras. Pareciera que para algunos líderes sindicales el sufrimiento ajeno es simplemente un daño colateral aceptable dentro de su estrategia de presión.
Pero tampoco el gobierno puede lavarse las manos. La administración estatal y la federal han permitido que el conflicto crezca hasta niveles peligrosos. Durante años han optado por la política de la simulación: mesas de diálogo interminables, acuerdos incumplidos y negociaciones que solo sirven para ganar tiempo. La falta de autoridad ha enviado un mensaje devastador: en Oaxaca quien bloquea obtiene atención, quien presiona obtiene negociación y quien afecta a la ciudadanía rara vez enfrenta consecuencias.
La realidad es que tanto la CNTE como los gobiernos han convertido a los ciudadanos en rehenes de una disputa política permanente. Mientras unos utilizan los bloqueos como herramienta de chantaje, otros administran el conflicto por cálculo político. Ninguno parece preocupado por las familias que viven del turismo, del comercio o del transporte. Ninguno parece dispuesto a asumir el costo económico que generan sus decisiones.
Las afectaciones ya son visibles. Oaxaca proyecta al exterior una imagen de inestabilidad, confrontación y ausencia de gobernabilidad. Los turistas cancelan viajes, los inversionistas observan con desconfianza y los pequeños negocios son los primeros en sufrir las consecuencias. Cada bloqueo es dinero que deja de entrar a la economía local; cada jornada de caos representa pérdidas que jamás serán compensadas. Sin embargo, quienes convocan los cierres carreteros siguen cobrando su salario y quienes gobiernan continúan en sus oficinas hablando de diálogo.
Lo más grave es el precedente que deja Mitla. Si la violencia, los bloqueos y la presión permanente se convierten en mecanismos aceptados para imponer demandas, Oaxaca estará caminando hacia la normalización del desgobierno. Un estado donde la ley se aplica según la fuerza de presión de cada grupo deja de ser un estado de derecho y se convierte en territorio de intereses.
Después de Mitla queda una verdad incómoda: los líderes de la CNTE no pueden deslindarse del caos que ayudaron a provocar, y el gobierno no puede esconder su incapacidad detrás de discursos conciliadores. Ambos tienen responsabilidad en una crisis que pudo evitarse y ambos le han fallado a la ciudadanía.
Porque mientras unos buscan ventajas políticas y otros protegen sus intereses sindicales, el pueblo de Oaxaca sigue pagando la factura. Y esa factura, cada día, es más cara.
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