Por / Gabriel Acevedo
La reciente reforma a la Ley de Amparo, impulsada y aprobada por la mayoría morenista en el Congreso de la Unión, es “una estocada directa al derecho de los mexicanos a defenderse del poder”, calificó la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Oaxaca, Carmelita Ricárdez.
La dirigenta priista advirtió, que esta modificación no representa una mejora técnica ni una modernización jurídica, sino “un candado político” que blinda al gobierno de la rendición de cuentas y desarma al ciudadano frente a los abusos del poder.
“México necesita contrapesos reales. No podemos permitir que el gobierno sea juez y parte. La justicia no se negocia, se exige”, enfatizó Ricárdez.
El PRI sostuvo que esta reforma fractura la columna vertebral del sistema judicial y debilita los derechos colectivos que durante décadas se construyeron con lucha y sacrificio. “El mensaje es claro: el poder ya no quiere ser cuestionado”, sentenció.
Ricárdez calificó la medida como un acto de autoritarismo disfrazado de legalidad, denunciando que el oficialismo “usa las instituciones no para proteger al pueblo, sino para protegerse del pueblo”.
En congruencia con el posicionamiento del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, la lideresa estatal reiteró el compromiso del tricolor para defender la autonomía del Poder Judicial y revertir desde el Congreso lo que consideró una agresión directa a la democracia mexicana.
“El Amparo es el orgullo jurídico de México, un símbolo de justicia y dignidad que ha funcionado como baluarte contra la arbitrariedad. Este dictamen, sin embargo, erosiona las garantías que protegen los derechos humanos frente a los excesos del poder público”, concluyó.
